Por instrucciones del Ministerio de Energía y Petróleo, PDVSA inició la migración a Empresas Mixtas de 32 Convenios Operativos, a través de la firma de Convenios de Transición, en las que el Estado tendrá una mayoría accionaria del capital social.
Los 32 campos recuperados producen en conjunto más de 500 mil barriles diarios de petróleo. Por cada barril producido, PDVSA le pagaba a las empresas internacionales 18 dólares; mientras que para la estatal petrolera venezolana el barril tiene un costo de 4 dólares.
“El primero de enero empezó a ocurrir algo. 32 convenios operativos; es decir, 32 campos petroleros pasaron a control venezolano. Estaban en manos de las transnacionales. Los gobiernos de entonces, amparados en la Apertura Petrolera, aprobaron la entrega de los campos. No pagaban regalías y además las inversiones que realizaban había que devolvérselas en dólares. Eso pasó a la historia”, dijo el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, durante el recibimiento en Caracas del presidente electo de Bolivia, Evo Morales.
Reducían al Estado
El ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, señaló que los Convenios Operativos surgieron como una manera de reducir la participación del Estado en la primera industria del país en las actividades productivas del sector petrolero, lo que contradecía parte del propósito de la Nacionalización Petrolera.
“Cuando se firmaron los convenios se establecieron regalías de 1% e impuestos de 36%, pero además se pudo conocer que las compañías transnacionales no pagaban el impuesto sobre la renta y cometían una serie de ilícitos, al sobrepasar los volúmenes inicialmente acordados, ocultar el verdadero volumen, o extender el área geográfica bajo convenio”, indicó Ramírez.
La nueva Ley de Hidrocarburos, vigente desde 2001, establece un impuesto sobre la renta de 50% y regalías de 16,6%, con el propósito de incrementar los beneficios del Estado en materia de explotación petrolera. Se calcula que las empresas petroleras deberán desembolsar 2 mil millones de dólares al fisco por pago atrasado del impuesto sobre la renta por la explotación de hidrocarburos en los últimos diez años.
El ministro acotó que con la decisión de limitar los pagos a los convenios operativos, el país se ahorra 300 millones de dólares. “Los costos de los convenios operativos estaban indexados al precio del petróleo y, por lo tanto, a medida que se incrementan los precios del petróleo contradictoriamente nuestros costos de operación suben”, señaló.
Empresas y campos
Los convenios transitorios son un mecanismo jurídico fundamentado en la voluntad de las partes (PDVSA y operadoras de servicios) para negociar de buena fe los términos y condiciones legales que permitan constituir de manera asociada una empresa mixta, tal y como lo establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH).
En este convenio transitorio, PDVSA plantea una renegociación de la contraprestación de los servicios ofrecidos por las operadoras, de forma tal que en ningún caso produzcan pérdidas al Estado venezolano.
Asimismo, en el convenio transitorio las operadoras se comprometen a cumplir fielmente sus obligaciones tributarias al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
Es así como se logra firmar estos acuerdos con las empresas Eni Dación B.V., Total Oil and Gas, West Falcon Sansom, Chevron, BP, Shell, Corporación General de Combustible (CGC), Repsol YPF, China National Petroleum Corporation (CNPC), Hocol, Harvest, Vinncler, Vinccler Oil & Gas, Inemaka, Suelopetrol, Open, Petrobras, Perenco, Tecnopetrol y Teikoku Oil de Venezuela, manifestando su voluntad de migrar a empresas mixtas, bajo las condiciones dispuestas por PDVSA.
La compañía Exxon Mobil, representada en el país por Ampolex Venezuela LTD, la cual no estuvo en disposición de firmar, vendió el 25% de sus acciones a su socia española Repsol YPF, que ya contaba con 75% del consorcio.
Los 32 Campos de Servicio de Operación asociados a la explotación comercial de los hidrocarburos son: Caracoles, Intercampo Norte, Cabimas, Mene Grande, Kaki, Maulpa, Casma Anaco, B2X 70/80, B2X 68/79, Mata, LL-652, Ambrosio, Acema, Boquerón, Onado, Dación, Concepción, y las unidades: Quiriquire, Guárico Occidental, Falcón Este, Monagas Sur, Quiamare-La Ceiba, Oritupano Leona, Colón, Guárico Oriental, Sanvi Güere, Pedernales, Urdaneta Oeste, DZO, Jusepín,Falcón Oeste y Campo Boscán.
Con la migración de estos negocios a empresas mixtas se pondrá fin a la situación de ilegalidad con que venían operando las compañías petroleras, además de reivindicar los intereses económicos del Estado, consolidando el desarrollo integral del país y avanzando en el control de su principal recurso energético, dando cumplimiento a la política de Plena Soberanía Petrolera.
Nada marginales, son productivos
Bajo la figura de los Convenios Operativos, PDVSA contrataba empresas operadoras para que le prestaran el servicio de explotación de hidrocarburos en campos marginales, a cambio de un precio indexado al precio del petróleo.
A lo largo de los años noventa, PDVSA organizó tres rondas de licitación de Convenios Operativos: en 1992, 1993 y 1997; además de una adjudicación directa en 1995 (el Convenio Operativo Boscán).
La figura de los Convenios Operativos estaba contemplada en el artículo 5to de la Ley Orgánica, que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, la LOREICH, conocida como la Ley de Nacionalización.
Con estos Convenios, en realidad PDVSA entregó a terceros las actividades de exploración y producción, reservadas por la ley de Nacionalización a las empresas del Estado, o a la figura de Convenio de Asociación con una empresa del Estado.
No fueron lo que se pretendía en la Ley, simples empresas de servicio; sino contratos de producción de petróleo. Tanto es así que muchos de ellos, de hecho, presentan las reservas de hidrocarburos correspondientes en sus libros con la aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC), estadounidense.
Los Convenios Operativos se presentaron a la opinión pública como una solución a la producción y el manejo de Campos Marginales, es decir, aquellos que requerían inversiones adicionales para ser reactivados y que PDVSA no consideraba prioritario reactivar con recursos propios.
En la primera ronda se entregaron campos marginales abandonados o inactivos; pero ya en la segunda ronda se trataba de campos inactivos y activos. En 1995 se entregó por adjudicación directa el campo Boscán. Éste producía 80 MBD, con lo que difícilmente puede calificarse como campo marginal. En la tercera ronda se entregaron oficialmente campos marginales en producción.
El titular de PDVSA comentó que la esencia de la Apertura Petrolera puede resumirse en pocas palabras: La globalización del recurso natural, que ya no sería nacional sino que estaría a la libre disposición de los poderosos países consumidores.
“Con la Apertura Petrolera, el capital transnacional pretendía expropiarle a Venezuela su principal recurso: el petróleo. La vieja PDVSA era esencialmente antinacional”, dijo.
El ministro declaró que durante el primer trimestre de 2005 los convenios operativos produjeron 499 mil barriles diarios, con un valor promedio de mercado de 34,67 dólares por barril. Explicó que las contratistas facturaron para sus servicios un promedio de 18 dólares por barril, o sea el equivalente al 52% del valor, mientras que los barriles producidos por PDVSA con esfuerzo propio, le costaron a la industria 4 dólares por unidad.
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